En una decisión arbitraria, prepotente y vil, por lo mismo desapegada de la legalidad, el gobierno de Javier Corral ordenó retirar al Diario de Chihuahua el tiraje de su semanario Cambio 16, derecho ganado en una licitación pública bajo el compromiso de imprimir cien mil ejemplares semanales.
Reacciona con esa represalia contra una Casa Editora comprometida con sus lectores y las causas de la sociedad, cuyo único delito ha sido mantener una línea editorial imparcial, crítica y desprovista de lisonjas que, evidentemente, enfadan al gobernador.
Retira la edición de Cambio 16 a una empresa que ganó su derecho a imprimirla en concurso licitatorio por ellos convocado, para entregarla a un medio que nació con el apoyo de César Duarte, sin la capacidad técnica ni el personal para manejar una cantidad de cien mil ejemplares, por eso redujeron el tiraje a cinco mil, defraudando a los ciudadanos que pusieron como objetivos de su medio. Ofrecieron cien mil y tiran cinco.
Es un golpe a la libertad de expresión, hoy lo denuncia el Diario para exhibir que el señor gobernador, Javier Corral, no hace corresponder sus palabras a sus hechos. Ha dicho con insistencia que jamás tomaría represalia contra ningún medio, así lo insulten o calumnien.
El Diario nunca lo ha insultado o calumniado, solo refiere hechos de la administración y dichos del mandatario, y a cambio recibe un golpe bajo y vil. Que pena, más tratándose de alguien que se autodefine como “auténtico demócrata”.
Cuando denunció que sus compañeras legisladoras y empleadas del congreso son víctimas de acoso sexual, quizás la diputada Rocía González no tenía conciencia plena de sus palabras, el alcance e implicaciones de las mismas.
Abierta la caja de Pandora necesitan salir todos los males de la perversidad sexual legislativa, tema recurrente en cada legislatura, particularmente en la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, pero nunca denunciado en el Congreso de Chihuahua, como lo hizo ayer la diputada González.
No fue un caso aislado, como diría Peniche, a la denuncia de González se sumaron Maribel Hernández, quién dijo que ella misma ha sido víctima “y sus compañeros saben de que se trata” y Laura Marín, también del PAN, que pidió seriedad por que los diputados varones tomen a guasa la denuncia.
No era una plática de café o sobre mesa de tres amigas angustiadas por el maltrato, tampoco el desahogo en una tarde de copas. La denuncia la presentaron en la más alta tribuna del estado, donde son pronunciadas y votadas las leyes. En ese contexto adquiere una mayor dimensión.
¿Acosadores sexuales en el Congreso local? Es lo que dicen las señoras legisladoras. Muy bien, ahora que le pongan nombre y apellido, que digan quienes –hablan en plural- e identifiquen a las víctimas, de modo que los responsables queden expuestos y sujetos a investigación.
Inadmisible que sucedan esas aproximaciones de acoso a mujeres empoderadas y no tengan el carácter ni la dignidad de presentar una denuncia formal contra los acosadores. Si ellas no se defienden, cómo podrían defender a las victimas sin fuero o invisibles a los ojos de la sociedad.
Vaya palomón el que soltaron en el Congreso las diputadas del PAN y además en medio de una discusión sobre alerta de género presentada por la diputada Blanca Gámez, exigiendo mayor presencia de la federación en la entidad, donde obviamente los feminicidios y el acoso siguen siendo uno de los temas irresueltos más relevantes.
El alto y documentado debate es materia de trabajo para el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Fiscalía de la Mujer en su área de delitos sexuales y si apuran el paso hasta de la Función Pública, con ánimos de abrir una sincera investigación.
Emma Saldaña, enérgica defensora de las mujeres, tiene en esas declaraciones una esplendida e inmejorable oportunidad para hacer valer al Instituto que representa. Acuda al Diario de los Debates y encontrará material suficiente para abrir un expediente que podría ser el caso del siglo en materia de acoso sexual: ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Porqué? El tema da para lo que quieran hacer. Es un caso para que intervenga “superlucha”, la mujer más empoderada de Chihuahua.
Desde luego y como era de suponer, Isela Torres y Karina Velázquez se colgaron de la discusión, conminando a la diputada “acosada” que llevó el tema a tribuna, para que presente la denuncia respectiva. En esas quedaron y así seguirá, que se trata de las buenas familias, no pasará de ahí, mañana otra noticia ocupa los espacios estelares y sepulta la de ayer.
Ricardo Yáñez debe extrañar los tiempos de gloria que vivió su familia al lado de Elba Esther Gordillo, el fiscal Peniche declaró que pagará los 246 millones de pesos que aceptó desviar, como parte del acuerdo para garantizar una condena “aceptable”.
Ni sacándose tres veces la Lotería, esa enorme caja chica del Gobierno Federal que manejó su hermano Paco Yáñez durante el desenfreno del “búfalo de metal” y en la cúspide de su relación con La Maestra. No es para tanto, nadie está obligado a lo imposible, seguro le quitarán dos o tres propiedades y algunos milloncitos, pero no hay precio alto para la libertad.
El acuerdo es positivo, declarando contra Duarte y aceptando su culpabilidad queda libre en menos de tres años, raspado y lo que usted quiera pero sale intocado en los “otros asuntos”, aquellos donde presumiblemente hizo negocios.
A propósito, actualización con relación a la información de ayer, en eso de subir las enaguas de Duarte para conseguir condenas mínimas. con Yáñez van tres, no dos, pues faltó incluir a Fernando Reyes.
El resto de los indiciados ya conocen el caminito de la libertad: descarguen contra el “as de oros”, reconozcan el delito y prometan portarse bien. Son las tres condiciones del Nuevo Amanecer, negociadas en el despacho de la Ciudad de México que Maclovio conoce muy bien.
¿Cuál Frente? ¿Ricardo Anaya? ¿De qué hablan? Son respuestas que a modo de preguntas sintetizan el sentir de la clase política del país, incluido en primerísimo lugar Andrés Manuel López Obrador, desde que José Antonio Meade fue destapado. Sin saberlo, las reacciones de los diversos actores relegaron al Frente de Anaya y Barrales a calidad de una fuerza camino al barranco, sin posibilidades de competir en condiciones de éxito.
Esa inercia coincide con el rechazo de Enrique Alfaro, único candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, a ir en alianza con PAN y PRD. Era un pilar de los acuerdos generales, su desmarque es otro clavo más sobre el ataúd frentista.
Antes se desmarcó el Panal, lo que habla de una compleja operación que realizan desde gobernación o Los Pinos para dejar la elección partida en dos: por una parte Morena y por otra una coalición, sea formal o fáctica, en torno al PRI. Esa fue la magia del dedazo, desde luego que sigue pesando.
