Ha perdido el sentido de la razón, quiere ganar su espacio en la historia por decreto. Imagina un gobierno que no es, soñando con un país idílico que destruye en lugar de construir. Convencido tardío de que cada transformación en la historia nacional desembocó en una nueva reforma constitucional, él quiere la suya. La busca pretendiendo llegar más lejos del viejo priismo autoritario que tanto añora.
La propuesta de reformas constitucionales es un prontuario de derechos ya contemplados en la Constitución, deseos de bienestar social que no necesitan de nuevas leyes para ser impulsados desde su gobierno y la consolidación de un régimen centralizado de poder único e incuestionado.
Garantizar el derecho a la educación y al trabajo, los campesinos contarán con jornal seguro y permanente, emparejar salario de policías y marinos con los trabajadores del Seguro Social, no permitir aumentos a los salarios mínimos menores a la inflación, prohibir el maltrato animal, que trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus casas (¿licencia para expropiaciones?), atención médica gratuita, reconocer los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas como sujetos de derechos.
Todos están contenidos en la Constitución, indígenas y afromexicanos son ciudadanos mexicanos y por tanto gozan de todos los derechos, la educación es gratuita y obligatoria, hace años que los salarios mínimos se otorgan por arriba de la inflación. Presenta una legislación como si la letra constitucional resolviese por sí misma los problemas sociales del país: salarios, salud, vivienda, trabajo, sin proponer métodos de solución. ¿Cómo financiar el asistencialismo que ofrece?. Es demencial.
Pero en los buenos deseos no está el problema, son pronunciamientos con amplio sentido electorero que decidió llevar a las campañas, colocando su administración en el centro de la elección, una elección plebiscitaria. Nos enseña su rostro más autoritario al proponer la desaparición de los organismos autónomos, con la cantaleta de que fueron creados por los neoliberales para favorecer a la oligarquía en detrimento del gobierno. Falso, una vulgar mentira, engañifa mediocre con la cual busca evitar los contrapesos a “su derecho” de gobernar a su real voluntad.
En la propuesta de reducir diputados y senadores, de 500 a 300 y de 128 a 64, está otro intento por hacerse de un Congreso manejable al antojo presidencial. En la reducción al financiamiento público de los partidos y del INE, se asoma la pretensión de consolidar un partido dominante, el suyo. En ambas propuestas está presente la idea de restaurar el régimen partido hegemónico, con Morena en lugar del PRI, y él como nuevo y remasterizado Calles. A la basura el monumental esfuerzo ciudadano que consiguió las instituciones democráticas.
La chocante idea de reducir al Poder Judicial, restarle su potestad constitucional de juez supremo de la Constitución y politizarlo con elecciones directas, no es solamente una provocación más. Está sinceramente propuesto a destruirlo como un poder de contrapeso al Ejecutivo, de modo que su régimen estaría caracterizado por un Poder Supremo y Absoluto, el Ejecutivo, al que los otros dos poderes estarían sometidos.
Es fácil resumir su propuesta: el Presidente soy yo y mis 30 millones de votos, el Jefe del País soy yo y mi pueblo bueno, el Estado soy yo y mis órganos subordinados. ¿Dónde están los intelectuales que combatieron ferozmente el autoritarismo antidemocrático del viejo sistema? Muchos aplauden como focas los intentos de volver hacia un régimen de partido único y presidencia imperial. No y mil veces no a sus demencias destructoras. Lo detenemos el dos de junio o las próximas generaciones de mexicanos vivirán sin libertades.
