Ciudad de México– El Departamento de Estado de Estados Unidos exhibió las prácticas de tortura y abusos por parte de militares en contra de civiles, así como la corrupción gubernamental en Chihuahua, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
“La impunidad por los abusos contra los derechos humanos es un problema en todo el país, con tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento en todos los delitos”, señala el informe difundo ayer.
El reporte destaca que el 20 de enero del año pasado un tribunal federal de Ciudad Juárez sentenció al coronel Elfego José Luján Ruiz, excomandante del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, a 33 años de prisión por la tortura, homicidio y sepultura clandestina de dos hombres.
“Las autoridades también condenaron a otros cinco exsoldados del 35 Batallón de Infantería; tres a 33 años de prisión por los mismos delitos y dos a 39 meses de prisión por tortura”, cita el informe.
También cita el caso del general Manuel Moreno Aviña, quien fue sentenciado a 52 años de prisión por la tortura, homicidio y destrucción de restos humanos de un hombre en Ojinaga, Chihuahua, en 2008.
Al 31 de octubre, las autoridades habían sentenciado a 21 soldados que estaban bajo el mando de Moreno Aviña, por cargos relacionados con torturas, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos, señala.
En el tema de corrupción, el reporte citó el caso del exgobernador de Chihuahua, que aunque no menciona nombres, se refiere a César Duarte Jáquez.
La Auditoría Superior de la Federación “también investigó a varios gobernadores estatales, entre ellos los exgobernadores de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León”.
Las investigaciones continuaron al final del año, agrega.
Detalla que, en octubre, “la PGR procesó y emitió una orden de arresto contra el gobernador de Veracruz, quien se escondió”.
Además, a mediados de año, la ASF presentó cargos penales contra la Procuraduría General contra 14 gobiernos estatales por apropiación indebida de miles de millones de dólares en fondos federales.
En relación a los casos de personas desplazadas internamente, el capítulo México del informe, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, indica que Tamaulipas tenía el número más alto, con aproximadamente 20 mil, seguido por Guerrero con 2 mil 165 y Chihuahua con 2 mil 008.
“Las estimaciones de las ONG sobre el número de desplazados internos fueron más altas: cientos de miles de ciudadanos, muchas zonas de conflicto armado que huían de grupos delictivos organizados o entre el gobierno y grupos delictivos”, expone.
El Departamento de Estado documentó ampliamente los casos de abuso cometidos por las Fuerzas Armadas, las corporaciones policiales en el país durante 2016.
Sobre la “privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegítimos o políticamente motivados”, afirma que “hubo muchos informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad”.
Los grupos del crimen organizado también estuvieron implicados en numerosos asesinatos, “a menudo actuando con impunidad y, a veces, en alianza con funcionarios estatales, locales y de seguridad corruptos”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó de 27 denuncias por “privación de la vida” entre enero y noviembre.
En el apartado de “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, el reporte indica que “la ley prohíbe tales prácticas y estipula que las confesiones obtenidas por medios ilícitos no son admisibles como prueba ante el tribunal, pero hubo informes de que funcionarios del gobierno los emplearon”.
Documenta CNDH denuncias
Al 31 de octubre, la CNDH registró 206 denuncias de presunta tortura y 451 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
No obstante, señala que informes periodísticos indicaron que la PGR estaba examinando 4 mil casos de tortura en los primeros nueve meses del año.
En junio, un informe de Amnistía Internacional acusó a los funcionarios de seguridad de utilizar el sexo y otros tipos de tortura para obtener confesiones de mujeres.
“Los problemas más importantes relacionados con los derechos humanos incluían la participación de la policía y los militares en abusos graves, como los homicidios ilegítimos, la tortura y las desapariciones”, según el informe.
Agrega que “la impunidad y la corrupción en el sistema policial y judicial seguían siendo problemas graves. Grupos criminales mataron, secuestraron, extorsionaron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos”.
También persistieron las malas condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarios; intimidación y violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas, migrantes, mujeres y miembros de la población indígena, entre otras. (El Diario)
