Washington— Decenas de miles de inmigrantes detenidos por Inmigración y Aduanas (ICE) fueron obligados a trabajar a cambio de un dólar diario, o de nada –en violación de las leyes federales contra la esclavitud, se alega en demanda.
Esta semana un juez federal hizo colectiva mediante fallo la demanda, interpuesta en el 2014 contra una de las mayores compañías particulares del país. Lo anterior significa que en el caso podrían participar hasta 60 mil inmigrantes que han sido detenidos.
Se trata de la primera demanda colectiva en la cual se acusa de trabajo forzado a una empresa de cárceles privadas federales que ha seguido su curso legal.
“Obviamente esto es importante; se reconoce la posibilidad de que un contratista gubernamental pudiera estar involucrado en trabajo forzado”, dijo Nina DiSalvo, directora ejecutiva de Hacia la Justicia, un grupo sin fines de lucro con sede en Colorado que representa a trabajadores con salarios bajos, entre ellos inmigrantes indocumentados.
“Probablemente certificarse la colectividad sea el único mecanismo mediante el cual estas personas vulnerables que se encontraban dispersas por el país y por el mundo pudiera llegar a reivindicar sus derechos”.
En el centro de la disputa se halla el Centro de Detenciones por Contrato en Denver, que cuenta con mil 500 camas en Aurora, Colorado, y es propiedad del Grupo GEO, que la maneja por contrato con Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La empresa con matriz en Florida opera centros donde se resguardan inmigrantes a la espera de su turno en el juzgado.
Al principio en la demanda presentada contra el Grupo GEO a nombre de nueve inmigrantes se pedía el pago de más de cinco millones de dólares por daños y perjuicios.
Los abogados esperan que el monto aumente en forma substancial debido a la nueva categoría colectiva.
El fallo con el que el juez federal de distrito John Kane otorgó dicha clasificación a la querella significa que hasta 60 mil inmigrantes detenidos o que estuvieron detenidos en el centro de Aurora ya forman parte de la demanda sin tener que sumarse de manera formal a la parte actora, explicó Andrew Free, uno de los abogados de los demandantes.
El querellante principal en el caso es un residente permanente de Estados Unidos, mientras que los abogados esperan que “una porción considerable de le los afectados encaje en esa descripción”, dijo Free.
Los nueve demandantes originales alegan que en el centro del ICE a los detenidos se les obliga a trabajar sin retribución –y que quienes se rehúsen son incomunicados.
Específicamente, se alega en la demanda, cada día se elige al azar a seis detenidos que son obligados a limpiar las unidades de vivienda del centro. En la demanda se asegura que dicha costumbre viola el Decreto de Protección de Víctimas de Tráfico, la ley federal que prohíbe la esclavitud moderna.
Al Grupo GEO se le acusa asimismo de violar las leyes de Colorado sobre el salario mínimo al pagar a los detenidos un dólar diario en vez del salario mínimo estatal de alrededor de nueve dólares la hora.
La compañía “se enriqueció injustamente” mediante el trabajo barato de los detenidos, se sostiene en la querella.
Ninguno de los demandantes originales sigue detenido en el centro, informó DiSalvo.
El Grupo GEO ha rechazado fehacientemente los alegatos de la demanda y argumentó en documentos procesales que pagar un dólar diario no viola ley alguna.
“Tenemos la intención de continuar defendiendo de manera enérgica a nuestra empresa de estos alegatos”, dijo en comunicado el portavoz del Grupo GEO, Pablo Páez.
“El gobierno federal establece el programa de trabajo voluntario en los centros inmigratorios y los estándares asociados con dicho programa. Nuestras instalaciones, entre ellas la de Aurora, Colorado, han salido muy bien en las evaluaciones y proporcionan servicios de alta calidad en entornos habitacionales protegidos, seguros y humanos en acatamiento con los estándares nacionales del gobierno federal”.
Kane otorgó la categoría de demanda colectiva unos cuantos días después de que el Departamento de Justicia ordenara a la Oficina de Cárceles volver a recurrir a los penales privados.
«El memorando cambió la política y la práctica de larga data, y perjudicó la capacidad de la Oficina para satisfacer las necesidades futuras del sistema correccional federal», escribió Sessions. «Por lo tanto, ordeno al Buró que vuelva a su enfoque anterior».
La directiva original de la administración Obama no se aplicaba a los detenidos de inmigración.
La queja
• Demandantes alegan que en el centro del ICE a los detenidos se les obliga a trabajar sin retribución.
• Quienes se rehúsan son incomunicados.
• Cada día se elige al azar a seis detenidos que son obligados a limpiar las unidades de vivienda del centro.
• Dicha costumbre viola el Decreto de Protección de Víctimas de Tráfico.
• Al Grupo GEO se le acusa de violar las leyes de Colorado sobre el salario mínimo.
