Alfredo Piñera Guevara.- De seguir por la misma ruta que tomamos, el combate a la corrupción muy pronto se banalizará y se cualquierizará, por lo que no deberá extrañarnos que cada vez más políticos corruptos, de todos los colores, comiencen a entrar y salir de la cárcel cotidianamente, como si fuera cualquier borrachito de barrio.
Y es que el problema no sólo es capturar y castigar a quienes en el Gobierno robaron y despilfarraron recursos públicos, sino establecer medidas eficientes y severas para impedir que vuelva a ocurrir y, aún más allá, para que los ciudadanos estemos en posibilidades de fiscalizar y supervisar que el gasto gubernamental se aplique bien, sin necesidad de superar complicados procedimientos de solicitud de información.
Nos hemos preguntado, ¿acaso la rampante corrupción que alcanzó cifras monumentales en el pasado sexenio no fue posible detectarla y frenarla en el preciso momento que ocurría o hubo silencios y complicidades sin confesar que ponen en entredicho el equilibrio de los poderes?
Si la corrupción era tan cínica y descarada, ¿por qué los chihuahuenses nos quedamos impávidos y en lugar de salir a las oficinas públicas o la calle para exigir cuentas transparentes, emitimos sólo débiles quejidos a través de medios de comunicación que por cierto, beneficiados del poder, no tuvieron mucha disponibilidad para hacer escándalo de tanto latrocinio?
No debemos soslayar que gracias a ese letargo social, hubo muchos servidores públicos sin formación ética que se involucraron en la corrupción para beber de la fuente de riqueza pública, obtener poder social y lograr control mediático; para satisfacer sus desmedidas ambiciones de dinero y de placer.
Y es que, insisto, de nada servirá un combate frontal a la corrupción si paralelamente no se implementan medidas eficaces para evitar que se vuelvan a generar condiciones propicias para que florezca. Para evitar que, cuando menos nos demos cuenta, estemos en las mismas condiciones que nos encontramos ahora, sorprendidos porque alguien se aprovechó de los huecos de la administración para lucrar con los bienes que son de todos y lo hizo sin que nos diéramos cuenta.
Ese es el enorme desafío que enfrentamos como sociedad. Garantizar a nosotros mismos que no volveremos a tropezar con la misma piedra por descuido, desinterés, indolencia o irresponsabilidad social.
Por eso es urgente que se implementen todos los mecanismos de control y de combate a la corrupción. Que se ponga a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, pero que sobre todo se abran más puertas para que los ciudadanos puedan fiscalizar y supervisar a los servidores públicos desde el momento en que tienen a su disposición los recursos públicos.
Que las obras y acciones del Gobierno se fiscalicen desde antes, durante y después de ser realizadas, para evitar que se tasen a sobreprecio, se derroche en su pago o se desvíen recursos.
Necesitamos garantizarle a la sociedad, pero sobre todo a los servidores públicos, que los actos de corrupción serán dolorosos no sólo para quien los soporta, sino también para quien los comete. Que esos delitos se tipifiquen de gravedad, que quienes los cometen no sean susceptibles de obtener fuero o protección de ninguna especie y que el castigo sea tan ejemplar, que en verdad asuste a quien pretenda cometerlo. En Tailandia la corrupción conlleva pena de muerte, ¿por qué aquí no?
Si se trata de acabar con un mal tan grave que corroe a nuestras instituciones y nos degrada como sociedad, yo no dudaría un segundo para proponer que se incluyera en las mesas de planeación de las plataformas legislativas.
