Huawei demanda al Gobierno de EE UU por la prohibición de sus productos

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En su batalla con Estados Unidos, Huawei ha pasado a la ofensiva. El gigante chino de las telecomunicaciones ha presentado una demanda ante los tribunales de EE UU contra la ley que prohíbe a las instituciones gubernamentales de ese país y sus contratistas comprarle equipos y productos, según anunció la empresa este jueves en una rueda de prensa en su sede de Shenzhen (sureste de China). Uno de los presidentes rotatorios de la compañía, Guo Ping, indicó que consideran esa norma “inconstitucional”.

Específicamente, Huawei ha planteado ante un tribunal federal en Texas -donde tiene su sede estadounidense- que se anule parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que el presidente de EE UU, Donald Trump, firmó en agosto de 2018. La empresa fundada por Ren Zhengfei alega que esa ley, que también afecta a su rival china ZTE, castiga indebidamente a un grupo sin que haya habido una sentencia de culpabilidad.

“El Congreso de Estados Unidos no ha podido en ningún momento presentar ninguna prueba que justifique sus restricciones a los productos de Huawei. Nos hemos visto obligados a adoptar estas medidas legales como último recurso”, ha declarado Guo en la rueda de prensa, retransmitida en directo por internet. “Esta prohibición no solo es ilegal, sino que impide que Huawei pueda competir en igualdad de condiciones, lo que al final perjudica a los consumidores estadounidenses. Esperamos con ganas el veredicto de los tribunales, y confiamos en que beneficiará tanto a Huawei como al pueblo estadounidense”.

Huawei se ha visto en el punto de mira de Estados Unidos, que acusa a la compañía china de representar una amenaza global. Los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que la tecnología de esta empresa puede representar un caballo de Troya en las redes de países occidentales, y que a través de sus equipos la compañía o el gobierno chino podrán obtener datos confidenciales que pongan en peligro la seguridad. Washington ha presionado a naciones aliadas para que descarten la tecnología china en la construcción de sus redes de móvil de nueva generación.

La compañía de Shenzhen, de propiedad privada pero que Estados Unidos considera que mantiene vínculos poco claros con el Gobierno y el Ejército chinos, rechaza estas acusaciones. Guo reiteró en la rueda de prensa que Huawei no instala “puertas traseras” en sus equipos que le permitan, a esta empresa o a gobiernos de ningún tipo, hacerse con los datos de sus usuarios. “Nunca las hemos instalado y nunca permitiremos a otros que las instalen”, declaró el alto ejecutivo.

En cambio, insistió, Huawei sí ha sido víctima de ciberataques y robo de correos electrónicos y códigos fuente por parte de entidades estadounidenses.

El Departamento de Justicia de EE UU acusa a Huawei de 13 cargos de fraude y espionaje industrial. En una vista preliminar en Seattle  la semana pasada, el gigante chino de las telecomunicaciones negó haber robado propiedad intelectual a la empresa telefónica estadounidense T-Mobile.

Está pendiente, además, el caso de extradición de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hija de Ren Zhengfei y considerada la heredera de la compañía. Meng se encuentra detenida en Vancouver (Canadá) desde el 1 de diciembre, cuando se disponía a hacer un transbordo en el aeropuerto. Canadá la detuvo a petición de Estados Unidos, que la considera sospechosa de fraude para que su compañía violara las sanciones que Washington impone a Irán.

El caso ha desatado una crisis en las relaciones entre Ottawa y Pekín, que considera el caso contra Meng políticamente motivado. En aparente represalia, China detuvo en diciembre a dos ciudadanos canadienses, el diplomático en excedencia y analista de riesgo Michael Kovrig, y el empresario especializado en negocios con Corea del Norte Michael Spavor. Esta semana, Pekín daba a conocer que acusa a Kovrig de espionaje, y a Spavor de facilitarle ilícitamente secretos de Estado.

Meng, por su parte, ha interpuesto también una demanda contra las autoridades canadienses contra su detención. La vista para decidir sobre su posible extradición a Estados Unidos está previsto que comience el 8 de mayo, después de un aplazamiento esta semana.