Por Froilán Meza Rivera
Debo empezar con una noticia falsa, una fake news que se extendió y casi se viralizó en el medio político del estado de Chihuahua, pero que terminó revelándose como parte de la llamada “guerra sucia” de la presente campaña electoral. A simple vista, era obvio que Juan Carlos Loera de la Rosa, el actual candidato impuesto por López Obrador para tomar la gubernatura, no se atrevería a decir algo como lo que se le atribuyó. ¿Qué fue lo que dijeron que dijo? La versión reza así: “El pasado 28 de marzo, en una entrevista en el Norte Digital, Juan Carlos Loera fue cuestionado sobre su opinión del tema del agua que fue retirada en Chihuahua. Su respuesta sorprendió al entrevistador al mencionar: <<el agua siempre fue de Estados Unidos, no se la quitamos a los campesinos ni ganaderos, solo se la regresamos a sus dueños en Texas>>”. En otra de las variantes de esta fake news, el entrevistado declaró básicamente en los mismos términos, en el periódico El Universal.
Pero la noticia falsa no es tan falsa, es decir, la supuesta declaración de Juan Carlos Loera nunca sucedió, pero sí tiene un profundo fondo de verdad. Veamos.
De hecho, ante la pugna que protagonizaron el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional del Agua y las fuerzas armadas (Ejército y Guardia Nacional) en un lado del conflicto, contra los productores agrícolas de la región Centro-Sur del estado, por el otro lado, el entonces “súperdelegado” Loera permaneció aparentemente silencioso. En la lucha de los campesinos por la defensa del agua, que es de ellos porque la tienen concesionada para el riego agrícola por las mismas autoridades federales que secuestraron las tres presas más importantes para exprimirlas y mandar el agua a los Estados Unidos, los agricultores, la población en general, hubieran esperado que Loera de la Rosa y otros funcionarios tomaran decididamente el lado correcto y los hubieran apoyado. Pero no. El puesto que ostentaba Loera, de prácticamente un “virrey” a cargo de todos los negocios del gobierno federal en Chihuahua, no se lo ganó por méritos, sino que fue impuesto por el señor todopoderoso de Palacio Nacional. Era obligatorio que el funcionario siguiera obediente los designios de López Obrador, aunque tampoco era necesario que se pronunciara tan abiertamente como enemigo de la lucha por la defensa del agua. A lo más que llegó Juan Carlos fue a enfrentarse verbalmente con el gobernador Javier Corral, a quien acusó del grave delito de “estar detrás” de las manifestaciones de los productores agrícolas. Y bien, en buena lógica, con esta argumentación basta para que nos demos cuenta de que, si lanzó esa acusación a su enemigo, significa que lo está culpando de algo que para él es reprobable. Ese algo reprobable es la lucha popular por defender sus derechos y los recursos de la entidad.
Pero ¿quién es Juan Carlos Loera de la Rosa? ¿Cuál ha sido su carrera política, cuáles han sido los méritos de este candidato, como para convencer a los electores de que sería un digno gobernador?
Este oscuro personaje entró al ruedo político en Ciudad Juárez en 2016, cuando el partido Morena lo postuló como candidato a la Presidencia Municipal, pero perdió a manos de Armando Cabada. En 2018 fue elegido diputado federal por el principio de representación proporcional a la LXIV Legislatura (o sea, nadie votó por él), pero en octubre de ese mismo año, el “dedo máximo” lo ungió como Delegado de la Secretaría del Bienestar y “súperdelegado”, para aplicar todos los recortes presupuestarios y para liquidar todo tipo de programas sociales en Chihuahua.
Sus únicos méritos no se deben buscar en nada constructivo. Nunca ha fundado una escuela, nunca ha promovido que se construya un parque, jamás ha encabezado la lucha de ningún grupo o sector en materia de pavimento, de introducción de agua potable. Nunca en su estéril carrera política ha participado en ningún movimiento social progresista. La lucha social le está negada. Es un burócrata, un ejecutor de las peores políticas de gobierno conocidas y recordadas en la historia. A él le tocó manejar el hacha para desaparecer las guarderías, las estancias infantiles, los comedores comunitarios, los apoyos a las mujeres violentadas, para cancelar apoyos a la seguridad de los municipios (el Fortaseg y otros). En los 22 meses que duró como Delegado de Bienestar, se encargó también de liquidar programas sociales como Prospera y otros que no tenían más requisitos que demostrar que se era pobre. En lo tocante al campo, le tocó desaparecer 17 programas de apoyo a los productores. Entre los 109 fideicomisos y fondos que eliminó la 4T, están los del Conacyt, los de apoyo al cine, los de apoyo a las artes, el Fideicomiso del Fondo Minero, el importantísimo Fonden, los fondos de los 26 centros públicos de investigación, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, etcétera. Desde el inicio de la administración federal, mucho antes de la pandemia, se borró de un plumazo el programa de apoyo a las familias donde se contemplaba la alimentación, educación y salud, en el que las familias completas tenían que cumplir como requisito una revisión médica de prevención y control de enfermedades, así como de talla y peso de los estudiantes.
¿Y qué decir del Seguro Popular, que beneficiaba a la población y que, a pesar de que el “altísimo” señor presidente jurara a diario que iba a ser sustituido por otro organismo superior, el INSABI, y que, en adelante todas las medicinas, las consultas y los tratamientos iban a ser gratuitos en todos los hospitales y clínicas del sector salud? En la práctica, el INSABI nunca le ha llegado ni a los talones al deficiente y desaparecido Seguro Popular. Las medicinas y los tratamientos tampoco son universales, mejores ni gratuitos. Y esto lo conocen al dedillo nuestros sufridos trabajadfores.
En los 22 meses que duró como “súperdelegado” de López Obrador, Loera de la Rosa se encargó de “batear”, desanimar, rechazar, despreciar, humillar, a todos los que acudieron ante él a pedir apoyos, cualesquiera que no estuvieran dentro del cuadrado esquema de los programas “cacha-votos” de la “cuarta transformación”. Así, cuando iban a sus oficinas grupos de alumnos y padres de familia a exigir la entrega supuestamente universal de las becas “Benito Juárez”, les dio trato de enemigos, puesto que no eran de Morena. Cuando acudió una representación de 15 mil familias antorchistas a exigir que se les otorgara un apoyo alimentario para aguantar la reclusión en casa durante la pandemia, igualmente los mandó a freír habas. Y nada hubo tampoco para los indígenas de la Sierra Tarahumara que han realizado tres caminatas desde Bocoyna hasta la capital para exigirle a la Secretaría del Bienestar, la aplicación de los programas sociales en sus comunidades y ejidos lastimados, heridos de muerte por el abandono oficial. Para ellos, nada de nada, salvo las vueltas desgastantes, las reuniones inútiles, con las que Juan Carlos Loera de la Rosa y sus empleados, se atrevieron a burlarse de este sector, el más marginado y oprimido.
Juan Carlos Loera renunció a la “súperdelegación” en octubre de 2020 y regresó a la Cámara de Diputados, en espera de que llegaran los plazos para poder ser impuesto por AMLO como el seguro candidato a la gubernatura. ¿Para qué regresó? Solamente para perpetrar, junto con los otros 5 diputados de Morena por Chihuahua, el peor atentado presupuestal no sólo en contra de los chihuahuenses, sino del país entero. La entidad norteña sufrió, a partir del mes de enero pasado, una disminución de 3 mil 144.4 millones de pesos provenientes de las participaciones federales, una de las mayores afectaciones económicas de toda la historia.
Brillantes méritos los del personaje del que nos ocupamos hoy, negros méritos que nadie debe olvidar en medio de la vorágine de la propaganda electoral que ya tenemos encima en la presente campaña, pero que por ningún motivo debe nublarnos el seso y la memoria.
