En los últimos quince días el Nuevo Amanecer ha recibido agrias noticias de los juzgados federales. Ordenaron primero reinstalar a los magistrados proscritos, Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez, en sus respectivas salas, y ayer otro juez federal sentenció que Rodolfo Leyva, incómodo consejero transparente, fuese repuesto en la presidencia del Ichitaip.
Trágame tierra, César Jáuregui y Maclovio Murillo, abogados de gobierno en las causas judiciales, acusan incompetencia. En el caso particular de Leyva los abogados derrotados son Francisco Bensojo, César Gutiérrez y Pablo Méndez, pero la derrota política no es para ellos, la cargan quiénes despachan en Palacio.
Desde luego que las sentencias son recurribles, pero como se verían Alejandro de la Rocha y el resto de los consejeros transparentes apelando de nuevo a la justicia federal si les han dado tremendo palo. De ser medianamente inteligentes y no traer tantos gatos en la barriga, deberían dejar las cosas como están.
No obstante lo más probable es que se inconformen, no por voluntad propia, sino acatando instrucciones de Palacio, donde deben haber montado en cólera tras conocer la resolución judicial. Tomen en cuenta que irían litigando de perdidos y eso tiene mucho que ver, hasta en el ánimo de las partes.
Una noticia positiva, para hacer pasaderas las sentencias anteriores, la recibieron con la famosa “coneja productiva”, Alejandro Gutiérrez. El Protocolo de Estambul resolvió que no fue torturado, como alegó su abogado.
Sólo faltaría que también esa la perdiera, siendo tan obvio que se trataba de una estrategia chicanera del abogado para forzar el traslado de su cliente a una cárcel federal, lo que hoy está en litigio.
El gobernador Corral debería tomar nota de los fracasos en los juzgados, están causando precedente, imagine que la Corte resuelva a favor de Gabriel Sepúlveda, quién reclama ser restituido en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.
Ese sí sería un golpe demoledor para la administración panista, no habría otros recursos legales que invocar y en consecuencia modificaría la correlación de fuerzas, pues terminaría la presidencia florero, complicando los maxijuicios.
La Corte puede resolver el asunto en cualquier momento, de hecho hace días estaba enlistado en el número 21 pero fue retirado por motivos desconocidos en el mundo de la Litis y la chicana. No obstante sigue pendiente, tarde o temprano habrán de resolver. Ay nanita, muchos fierros en la lumbre y los vaqueros no encuentran al caporal.
En ese departamento las alarmas están pasando de amarillo a rojo. El martes los diputados del PAN votaron por albazo la Ley de Juicio Político, presumiblemente con el fin de abrir un juicio de procedencia contra Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez.
Dijo César Jáuregui que la nueva Ley no lleva dedicatoria ¿Entonces cual era la prisa? Abusados, consideren “lo actuado” –como dicen los abogados- el asunto pinta mal desde un principio.
El presunto desvío de siete millones se viene litigando desde seis meses atrás, por tanto se trata de un asunto en proceso, si les aplican la nueva ley los magistrados, que ya demostraron tener buenos abogados pues ellos no son conocidos por sus habilidades jurídicas, irían al amparo argumentando la no retroactividad de las leyes.
El mismo Jiménez Castro blindó a los magistrados que representan al duartismo dentro del Tribunal, pues si les abren juicio de procedencia con la nueva ley, además de facilitar el amparo dan pie a que se digan víctimas de persecución política.
Por lo visto Maclovio no es como lo pintaban, para que hasta Sepúlveda y Ramírez le ganen los asuntos es que estaba muy inflado.
El último vínculo que une a César Duarte con el PRI, podría quedar cercenado éste día. En medios nacionales trascendió que Enrique Ochoa convocará a sesión de la Comisión de Ética del CEN para suspender los derechos partidarios del exgobernador de Chihuahua y de Roberto Sandoval, de Nayarit.
Duarte y Sandoval, presumiblemente amigos y cómplices, son los únicos dos exgobernadores asociados a la corrupción que conservan a salvo su militancia. Inexplicablemente en el PRI nacional no les da ni por mencionar sus nombres, menos condenarlos en público.
Por lo que se supo en el CEN, se supone que esta vez van por ellos en serio, lo que implicaría de pasada que les retiren la protección política de la cual han gozado.
La expulsión de Duarte es una exigencia del PRI local, pues son conscientes de que por los excesos y abusos del pasado perdieron la gubernatura y ahora están cuesta arriba en las presentes elecciones. Les urge deshacerse de su lastre para poder presentar un discurso de combate a la corrupción que al menos los meta en la contienda.
A ver si ésta vez el “as de oros”, intocado a pesar de las múltiples órdenes de aprehensión en su contra y los pedidos de extradición presentados por la PGR, no se sale con la suya, pues en el PRI son lentos para actuar, como está suficientemente demostrado.
Reyes Baeza, candidato a senador y adversario político de Duarte al interior del PRI, declaró en días pasados que hay una exigencia legítima de los militantes para retirarle sus derechos partidarios, lo que hace suponer que éste partido cavila desde días atrás la idea de su expulsión.
¿Se desharán del fantasma del cuestionado exgobernador que los sigue a donde quiera que vayan? Puede, pero la simple expulsión no sería suficiente, en el PRI local siguen actuando muchas figuras identificadas con lo peor del duartismo, factor que les resta credibilidad social. Cómo les hizo daño ¿Lo extrañan o tienen pesadillas?.
De que se acerca su tiempo no hay duda, sin embargo de la expulsión a que lo extraditen media buen trecho, el hombre contrató a uno de los mejores despachos jurídicos de Estados Unidos para que lo mantengan en territorio gringo por lo menos hasta que Corral entregue las llaves de Palacio.
Si lo expulsan será sólo por el lastre que también significa para la campaña de Meade y aunque a juicio de algunos actúan tarde, pues en su caso mas vale tarde que nunca, seguir arrastrando su desprestigio los inhabilita como opción electoral.
