La violencia llegó al punto sin retorno, pasando del “se matan entre ellos” a tocar empresarios de la élite, profesionistas exitosos, académicos devotos, periodistas, políticos, victimas mortales de la impunidad endémica e indolencia de un gobierno negado a reconocer la emergencia. Cierran los ojos o voltear hacia otro lado y así dan los problemas por resueltos o inexistentes.
En el azoro y el temor natural asociados a los hechos de sangre prevalece un displicente autismo social que me deja perplejo. Ningún partido político, diputado o aspirante a candidato, “oenegé”, organización empresarial, sindicato, barras, activista de los derechos humanos ha presentado una exigencia sólida y consistente pidiendo que las autoridades pongan un hasta aquí.
Desde luego están las voces obligadas, siempre aisladas, de los que “demandan el esclarecimiento de los hechos hasta sus últimas consecuencias”, los que piden justicia o lamentan la barbarie. Muletillas sin más propósito que el de hacerse notar y cumplir con el expediente que los haga sentirse bien con ellos mismos.
¡Qué sucede con la sociedad chihuahuense! Indolentes ante la ola de violencia e instalados en el cómodo “mientras no me toquen a mi, que corra sangre”, vemos pasar desde las ventanas el féretro de los caídos y cerramos la cortina. Desahogamos nuestras frustraciones en mesas de café, barras, cantinas, cafeterías y hasta en la misa dominical, pero no damos la cara ni acompañamos a quien tiene la valentía de levantar la voz.
El domingo asesinaron en Parral a Uriel Loya, el lunes desapareció en Cuauhtémoc Peter Stoesz, ayer mataron en Chihuahua a Carlos Cano y el empresario Caraveo Vallina lleva tres semanas secuestrado ¿Quién, entre nosotros, sigue en la azarosa lista de muerte?.
Todos somos blanco, hoy la vida de cualquiera en Chihuahua vale menos de dos mil pesos, por esa cantidad matan a hombres y mujeres de cualquier condición o carácter, mientras el resto permanecemos instalados en la comodidad de la indiferencia social.
Lucha Castro, Gabino Gómez, Víctor Quintana, Martín Solís y otros activistas profesionales, cobijados en la nómina gubernamental, están justificados, hoy sirven al gobierno. No obstante también guardan silencio diputados de oposición, cámaras empresariales, partidos políticos, barras y colegios de abogados. Piensan que con una declaración obligada han cumplido.
Frente al desdén generalizado es de reconocer a Jaime García Chávez, único activista social que dio un paso más allá de la declaración o el twitter y se plantó frente a Palacio para denunciar la realidad lacerante y pedir que cancelen la “Carrera de la Liberación”, principal actividad en la agenda oficial de gobierno.
¿Cuál liberación, preguntó Jaime? Ninguna, Chihuahua sigue siendo rehén de los grupos criminales, de la incompetencia de sus gobernantes para contenerlos y de sus propios temores e indolencias. Que weba, es lo que hay.
