No veo por qué un abogado como Pablo Héctor González Villaseñor ponga en riesgo su prestigio de jurista brillante, hombre atemperado y profesionista bien hecho, cargando con excesos de poder y rencores largamente acumulados de Luz Estela Castro, mujer socialmente cuestionadísima a quién buena parte de la sociedad tiene por responsable de la falta de credibilidad que empañó la elección de 54 jueces del Tribunal Superior de Justicia.
Y Junto con Pablo tampoco deben comprometer su futuro, aceptando cargas ajenas, el resto de los consejeros de la Judicatura y en última instancia los magistrados que componen el Pleno, máxima autoridad del Tribunal. Su tarea es despejar cualquier sospecha de complicidad, por solidaridad con si mismos.
Pongamos que los consejeros actuaron de la mejor manera y desahogaron el más pulcro y legal proceso de selección; pongamos que los jueces seleccionados son, indiscutidamente, los más capacitados para desempeñar el cargo; Pongamos que las sospechas de cochupo son causa de la prensa “vendida” buscando chayote; pongamos que Sotelo machaca ocupado en tender cortinas de humo que oculten sus muertos en el armario.
Pongan lo que les venga en mente, pero el único hecho irrefutable es que la percepción ciudadana tiene por cierto que la selección de jueces quedó contaminada de aviesos intereses personales de la exconsejera Luz Estela Castro. Mientras el fantasma –hediondo efluvio, decía ayer- de la señora Castro mantenga impregnados los rincones de la Ciudad Judicial, permanecerán en el sentir ciudadano las sospechas de fraude. Contra esa percepción no hay defensa, es consustancial a su persona.
En el Pleno de ayer prorrogaron la votación sobre el proyecto de dictamen del magistrado Maximiliano Anchondo, que proponía reponer el proceso de selección. Excelente oportunidad para descontaminarlo y conjurar el fantasma de la consejera en retiro.
Las consecuencias de reponerlo sólo pueden ser positivas: Pone a salvo la credibilidad del Consejo y en consecuencia del Tribunal y en Consecuencia de su presidente y en consecuencia de los magistrados. Legitima a los jueces electos para que nadie cuestione su nombramiento. Y, muy importante, desacredita a los detractores de Javier Coral, al que tienen por cómplice, con razón o sin ella.
La reposición introduciría un generoso chorro de aire fresco en la Ciudad Judicial, aligerando el ambiente saturado que dejó Luz Estela. Para dar ese paso, Pablo y los magistrados necesitan aceptar que el problema no es jurídico sino de percepción pública, que la gente está convencida del manoseo, “haiga sido o no haiga sido”.
Una muletilla de obviedad: no eres tu, Pablo, es Lucha. Quizás llegó el momento de que se hagan a sí mismos un favor y también al gobernador Corral. Es el otro personaje de alto perfil al que mucha gente tiene por responsable.
Rompeolas
Un buen padrino trae Maru Campos en la grilla nacional, de otra manera no hubiese recibido la matraca de la presidencia de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conam), una de las agrupaciones más representativas de los alcaldes. El botecito chilero con autorización para ser movido en Ciudad de México le viene de perlas en estos momentos a la presidenta chihuahuita, tendrá por lo menos un año para charolear con ella en los referentes de la grilla nacional. Maru hace la tarea para consolidar el proyecto a la gubernatura, sabiendo que en Chihuahua está bien cubierta abre el obligado espacio de placeo dónde se toman las grandes decisiones políticas. Ella feliz dejándose querer, mientras Gustavo Madero no prende ni con leña de encino secos de cinco temporadas entreverado de ocote.
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Es para no creer, dudar hasta de nuestra existencia, como Descartes, y cerrar los ojos repitiéndonos mil veces: “son mentiras, son mentiras, son mentiras, estoy sufriendo una pesadilla”. Sólo la sentencia de un juez de Distrito consiguió que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) autorizase tratamientos contra el cáncer a cinco niños, en Torreón, Coahuila. El Juez aseguró que con base en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, “los solicitantes –padres de familia implorando por sus hijos- no deben ser privados de los medicamentos que requieren”. Un equipo jurídico del PRD promovió los amparos y quedó a las órdenes de otros pacientes, la desatención es general. En esas estamos, para que los niños con cáncer reciban los tratamientos prescritos, ahora necesitan el amparo de la justicia. ¿Hasta dónde hemos llegado? O replanteo la pregunta ¿Hasta dónde pretende llegar nuestro “Líder Amadísimo” con la salud? ¿Regresaremos a los tiempos de chamanes, limpias o rogativas a la Virgen de Guadalupe?. Ah, pero ya se acabó la corrupción en la compra de medicinas –ajá- y los de arriba no roban más. Que dejen al país en escombros, así nadie tendría qué robar ni el polvo de la destrucción.
