El gasolinazo esperado se consumó: en la ciudad de Chihuahua la magna pasó de 13,16 a 16,13 pesos, casi tres pesos más; la Premium de 13,96 a 18,08, poco más de cuatro pesos de diferencia por litro. En Juárez lo resentirán más, allá la magna aumentó caso cinco pesos y la Premium otro tanto.
Los juarenses estaban acostumbrados al combustible barato y con el aumento prácticamente emparejaron los precios con el resto del estado, perdiendo los beneficios que les daba su calidad de fronterizos.
Visto en corto el aumento podría parecer insustancial, tres pesos más, pero representa una enorme diferencia. Multiplique las cantidades por los litros que se consumen nacionalmente durante el año y comprenderá que el ingreso diferencial a las arcas de Pemex será estratosférico.
Falta que Hacienda proporcione a los datos exactos e informe sobre los planes para invertir el recursos, se trata de cientos de miles de millones de pesos adicionales. El secretario José Antonio Meade tendrá el miércoles un encuentro privado con todos los gobernadores del país, donde presentará los nuevos números e informará de las participaciones que corresponde a cada entidad. Después de esa reunión empezará a desgranarse la información.
Ojalá haya transparencia y equidad en la proyección que realicen, la burocracia suele ser complaciente con los estados amigos e indiferente con aquellos que considera hostiles, como el caso de Chihuahua. Evitar que ninguneen a la entidad es responsabilidad del gobernador Javier Corral.
Pero los anteriores son detalles de la macroeconomía y las proyecciones financieras de los gobiernos, el impacto negativo de tan impopular medida lo resentirá la ciudadanía, no tanto en el desembolso que hagan al momento de llenar el tanque, de por sí oneroso, sino en los efectos posteriores, el mayor y más nefasto de todos la inflación.
El Banco de México reconoció que la inflación podría alcanzar el cinco por ciento, cifra record desde que estabilizaron esta variable financiera. Sin embargo usted sabe que en términos reales sería del diez por ciento –siempre hay que doblar los indicadores de gobierno- alcanzando por primera vez en décadas los dos dígitos, pues una de las consecuencias positivas de la estricta disciplina financiera de los últimos gobiernos, era el control inflacionario. Hubo años por abajo del dos por ciento.
Los economistas liberales dicen que no hay impuesto más perjudicial e inhumano que la inflación, dado que no discrimina a nadie y pega con mayor severidad en las clases que menos tienen, los últimos en la fila del desarrollo.
La Comisión de Salarios Mínimos anunció a finales de año que el 2017 aumentarían sustantivamente los mínimos en todo el país, ubicándolos por arriba de ochenta pesos, lo que presumía como un logro excepcional.
La inflación los pulverizará en los primeros meses, generando condiciones para el aumento de la pobreza, una dinámica perversa que termina por comprometer el desarrollo del país.
Es lo que espera a la clase trabajadora y a la mayoría de los mexicanos el 2017, el resultado práctico de medidas absurdas basadas una ideología económica neoliberal francamente decadente, que sólo contribuyen al aumento de la pobreza mundial y concentrar la riqueza en las manos de unos pocos.
A pesar de la insultante nueva realidad con que inicia el 1017, los grupos de presión social se han mostrado desorganizados y faltos de músculo para vertebrar un conjunto de protestas organizadas y creíbles, capaces de atenuar el rigor de las medidas gubernamentales.
En la entidad las expresiones de protesta fueron famélicas y desorganizadas, a pesar de las declaraciones previas que hicieron dirigentes usualmente renegados de las políticas económicas del Gobierno Federal, como las sustentadas en movimientos de campesinos.
En la ciudad de México se mostraron más activos, marcharon sobre Reforma y paralizaron la autopista México-Querétaro, una de las más transitadas del país. Sin embargo contaminan su movimiento vandalizando estaciones de servicio, acción que les resta credibilidad y legitimación social.
Los oportunistas de siempre que pervierten movimientos ciudadanos justificados y con propósitos reivindicatorios sinceros. Falta ver lo que hagan en los próximos días, pero al inicio del año sus manifestaciones fueron famélicas.
El gobierno de Chihuahua no está mejor, como ejemplo de su insensibilidad ciudadana y apetito recaudatorio, están las fotomultas. A pesar de las expresiones de rechazo, promesas de campaña y declaraciones de diputados panistas, el abusivo impuesto –en los hechos eso representa- se mantiene en una especie de limbo legal, sin que el gobernador Corral o su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, definan inequívocamente que harán con el tema.
Siguen cobrando las del año pasado y hasta lo hicieron por citatorios judiciales llevados a domicilio, pero no expresan si mantendrán las cámaras funcionando el presente año o las quitarán para siempre, como prometieron en campaña.
Tímidamente alegan compromisos con el proveedor, argumento endeble que ni ellos mismos creen ¿Desde cuando los proveedores amigos de Duarte le importan al gobierno de Corral? No sean ridículos, hagan a la ciudad y háganse ellos mismos un favor cancelando el atraco. En ese tema, como en otros, la administración panista ha sido tan opaca o más que la anterior emanada del PRI.
El mayor reto del actual gobierno para el presente año, además de estabilizar las finanzas estatales, es resolver el problema del transporte colectivo. Acabadas las manifestaciones promovidas por la mafia cetemista, da la impresión que dejaron el servicio a la buena de Dios, o mejor dicho, al interés económico del pulpo camionero que, tras el fracaso del Sistema Vivebus, regresó con mayor fortaleza.
A lo más trasciende que cambiarán los caminos de rojos por blaquiazul panista, lo que sería mera superficialidad. Pueden ponerlos de cualquier color y renombrarlos a su antojo, incluso con cualquier nombre de sus próceres partidistas, pero necesitan tomar el riesgo de realizar acciones efectivas.
Empiecen por retirar de las calles las indignas portolas que circulan en las rutas alimentadoras, carcachas que de sólo verlas dan vergüenza ciudadana, introducir camiones nuevos o de modelo reciente, ampliar nuevas rutas trocales, aplicar una cuota justa para los usuarios, definir horarios y establecer rutas.
Paro lograr lo anterior, necesitan retirar a la pandilla del Güero Lozoya del control del transporte y recuperar el proyecto original en el mismo punto donde empezó a pervertirlo el pasado gobierno. De otra forma el transporte irá en declive permanente, condenando a miles de chihuahuenses a la indignidad. Además de los faroles y el glamour del poder, gobernar también significa tomar decisiones difíciles e impopulares.
