El levantón del médico Godínez, director del centro de salud en Gómez Farías, tocó las fibras del gremio y se convirtió en la primer crisis social en el quinquenio de Javier Corral, derivada directamente de un hecho violento.
Por lo que se supo cuando sustrajeron al galeno, en la clínica de Gómez Farías prestaban servicios cuatro pasantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mismos que vivieron el horror de la violencia y entraron en pánico. También temían por sus vidas, con razón.
La historia de los pasantes en la sierra es larga, no quieren ir por sentirse a merced de los criminales que solicitan atención a los heridos y suelen recibir amenazas de muerte de bandos contrarios. Es un absurdo pero así está la criminalidad en Chihuahua, como en el Chicago de los treintas.
Ahora se pusieron de acuerdo y suspendieron servicios en todos los hospitales, a manera de represalia contra el gobierno que no ofrece seguridad a sus compañeros desplegados en la sierra. De por si se negaban, con lo que hoy sucede mayormente.
En buena medida esa actitud tiene que ver con la ligereza con que la autoridad estatal, desde el gobernador hasta el Fiscal, han tomado el tema. En Palacio lo ven como un mal momento sobredimensionado por los medios corruptos que añoran los millones de Duarte ¿Será?.
El primero que dio la cara tras el secuestro de Godínez fue César Jáuregui, el exbueno. Declaró que se llevaron al médico para atender heridos, restando importancia al episodio. Esperen tantito, ofenden a la familia y a la comunidad, ellos saben lo que allá sucede.
Y desde Juárez, preparándose para los diez kilómetros, el gobernador Javier Corral declara que mantendrán a los pasantes en la sierra, protegiéndoles y aumentando su salario ¡No les pagan! Es un servicio que prestan como parte de su currículo académico, antes de recibir el título.
Protegerlos, dice ¿Cómo? Tendrán guardias en cada clínica rural, les pondrán escoltas personales a cada uno de los pasantes. ¡Por favor! Sean serios, la policía corre cuando sabe que los comandos, en número contado por decenas o centenas de sicarios fuertemente armados, ingresarán a cualquier población.
¡Los vamos a proteger! Ni los policías pueden protegerse a sí mismos, nada menos ahora hay temor de los agentes más veteranos destacamentados en la ciudad de Chihuahua, de que los envíen a la sierra en cuanto ingresen los elementos de académia.
No hay credibilidad en las palabras del gobernador. Lo escuchan declarar mientras se prepara para una carrera, obviamente en traje de corredor, es decir ocupado en una actividad lúdica al tiempo que en la sierra los criminales atemorizan a los habitantes de amplias franjas, con mayor razón la población entra en pánico.
El problema está en el mensaje, imposible generar tranquilidad si la gente piensa –como sucede con muchos chihuahuenses- que el gobernador desatiende las actividades prioritarias por estar ocupado en carreras altruistas o jugando golf. Así no se puede.
El otro hecho llega desde Madera, con el cierre de la sucursal Bancomer. Durante los últimos meses ésta comunidad ha sido centro de la violencia, de modo que los funcionarios del banco se vieron obligados a cerrar, como han cerrado otros tantos negocios. Es una comunidad paralizada.
Sólo que no midieron la reacción de la gente. Se organizó y junto miles de firmas –más de tres mil- de usuarios del banco que piden mantenerlo abierto y publicaron un desplegado donde exigen a los funcionarios que tomaron la decisión, al gobernador, al congreso y a cuanta autoridad se les ocurrió que intervengan para evitar el cierre, pues consideran que es un grave atentado a la región.
La decisión de cerrarlo es otra sombría expresión de la inseguridad en la región, de por si muy devastada en su actividad comercial. Es lo que vive Chihuahua, es la realidad actual, la gente de bien está siendo víctima indirecta de la inseguridad por que el Estado pierde la guerra contra las bandas criminales.
El ejemplo de Madera y los pasantes de medicina debería ser el punto detonante para modificar la estrategia contra la inseguridad, evidentemente la actual está fallando, la violencia escala en vez de disminuir. Toda crisis conlleva una oportunidad, encuéntrenla y háganla valer por el bien de Chihuahua y su gobierno.
Otro episodio que pone a prueba la justicia implementada en el Nuevo Amanecer, llegó de la manera menos esperada. Es el caso de Virgilio Zepeda, burócrata de medio pelo con décadas de servicio que se desempeñaba como titular de Protección Civil del Estado, hasta que Peniche decidió moverlo del cargo.
Virgilio siente que van por él, así que el sábado subió en sus redes un texto donde se dice víctima de extorsión laboral y traición. Sería muy bueno que fuese más claro, en su texto habla de promesas hechas a funcionarios buenos de altísimo nivel, debidos procesos, investigaciones, extorsión laboral -¿Cómo pueden extorsionar a una persona laboralmente?- y pide a los amigos que no le retiren su confianza.
Qué pretende decir con todo eso, si en los hechos simplemente lo cambiaron de una a otra área de trabajo. No obstante Peniche también deslizó, en una declaración suelta, que hay ciertos actos de corrupción, pero no lo corrió ni sometió a proceso legal, únicamente lo cambió de oficina ¿Porqué no procedió legalmente en lugar de moverlo de puesto?.
Seguro Virgilio intuye que lo quieren en San Guillermo, por eso litiga en medios intentando victimizarse. Si es responsable de cualquier desvío que lo demuestren, sólo respeten sus garantías y administren justicia sin fines revanchistas.
El asunto está en que, siendo un funcionario de la administración duartista, de los contados que hizo el complejo paso de la muerte de un sexenio a otro, hoy esté en problemas legales, como se desprende de sus declaraciones, siendo que no es el único de quién hay sospechas de corrupción.
Como se dijo arriba, si cometió algún desvío que lo juzguen, pero qué pasa con Ernesto Ávila y la aceptación de recibir un bono ilegal junto a otros funcionarios de Salud, las asignaciones de contratos a empresas de reciente creación a la hermana de Miguel Riggs ¿No es tráfico de influencias?, la compra de software a una empresa de la cual se presume es propiedad de Gustavo Madero.
Da la impresión que la justicia es para los bueyes del compadre, los funcionarios actuales son inimputables por ser parte de las buenas familias. Un caso que pudo ser menor toma notoriedad, ahora genera el morbo de saber en qué terminará.
