Lo que faltaba en la trastabillante operación “Justicia para Chihuahua”, emprendida por Javier Corral desde el primer día en que asumió el gobierno, que la impunidad prevalezca en la corrupción de César Duarte.
René Ramos Pérez, juez décimo de distrito en el Estado de México, concedió un amparo a Duarte, enjuiciado en el fuero común por el supuesto dinero de Hacienda desviado hacia las campañas del PRI, 275 millones de pesos.
De acuerdo a información publicada ayer por Milenio, la sentencia de Ramos Pérez ordena al juez de control chihuahuense –¿el obsequioso Legarda, ascendido recientemente a magistrado, el relegado Rodríguez Gaytán?- resolver que “carece de competencia legal para emitir la orden de aprehensión solicitada”.
El juez federal no deja lugar a otras interpretaciones, pues en el cuerpo del fallo también explica que “el juez competente para conocer del delito de peculado, cuando el bien jurídico se trata del patrimonio de la federación, lo es un juez federal en materia penal y no el juez del fuero local”.
Trágame tierra, dónde meterse ahora si el caso más solido que presentaron los estrategas jurídicos de gobierno podría perderse por incompetencia de los juzgadores locales. Ahí, más bien, prevalece otra “incompetencia”, la de los abogados contratados por el gobierno para litigar el asunto, entre ellos uno que corrió antes de la catástrofe, Maclovio Murillo.
El asunto de fondo no está resuelto, aclaración, sólo la competencia. Pero el hecho en sí mismo es un golpe demoledor para la estrategia jurídica del gobierno local y un pinchazo al hinchado ego de Corral. Lleva dos años tras Duarte, aferrado a que sólo en Chihuahua encontraría justicia, y resulta que reiteradamente el Ministerio Público Federal le recuerda su equivocación.
Sería muy lamentable para miles, millones de chihuahuenses que desean ver a Duarte detenido, aquellos agraviados por excesos y sospechas de corrupción generalizadas, que por una visión obtusa y sobrada del tipo “sólo yo puedo” de Corral, perdieran la oportunidad de hacer justicia.
Lo que hizo Duarte no fue un agravio personal a Corral, tampoco a su familia o gobierno, su prepotencia y fundadas sospechas de corrupción al más alto nivel ofendieron a la sociedad chihuahuense. En consecuencia lo único que la mayoría desea es justicia, sin importar fueros o competencias judiciales.
Hay otras trece ordenes de aprehensión más y todas las que puedan sumarle en los próximos días, pero la que ha generado mayor escandalo mediático, la justificación de la marcha, motivo por el que Corral desafió a Peña Nieto y en general al Gobierno Federal, está en vilo por ese falso celo.
Ha personalizado el ejercicio al punto de que si él no es quién lo detiene, entonces mejor que no lo detenga nadie. Es el mensaje que envía cada vez que la justicia federal falla en torno a los maxijuicios.
Ya le habían pedido, por los mismos medios ministeriales, a otro personaje involucrado, Alejandro Gutiérrez, la famosa coneja, y fue capaz de oponer a las fuerzas pública del estado con tal de evitar que lo trasladarán a un penal federal.
¿Hasta donde planea llegar? ¿No se ha percatado que obstaculiza la justicia?.
Visto desde los intereses partidistas, imposible separar la justicia de la política cuando se trata de poderosos, a Duarte no lo juzgaría el gobierno del PRI, ellos entregaron prematuramente el poder, sino el de Morena ¿Querría López Obrador asociar su nombre a un priista con fama de “vulgar ladrón”?.
Seguramente le tendrán ordenes de aprehensión cuya competencia no sea discutible, dicen que tiene trece pendientes más las que se acumulen, pero mientras no haya elementos legales suficientes para extraditarlo, César Duarte permanecerá en libertad, adherido a la impunidad protectora.
Hay contraste con el trabajo realizado por Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz. Allá han recuperado miles de millones de lo que se habría robado Javier Duarte y el gobernador hasta se dio el lujo de presumir una exposición con 16 obras de arte decomisadas a funcionarios y familiares del otro Duarte, mientras en Chihuahua malograron hasta la subasta del famélico ganado disperso en el Saucito y otros ranchos.
Sólo falta que mañana o pasado –nada en la justicia mexicana sería extraño- Duarte eche por tierra una a una las ordenes de aprehensión y reclame sus propiedades. Están a tiempo de reencausar la estrategia, empezando por despersonalizarla, entonces tendrán éxito.
La mafia del transporte rehusó entregar al gobierno las instalaciones de la estación sur del Vivebus y después se dijo víctima de represalias. Para solucionar la incipiente crisis, Joel Gallegos condonó las infracciones viales a todas las unidades del transporte.
Los impresentables Francisco Lozoya y Juan Gómez, cabezas visibles de la mafia, están que mueren de risa, además de quedarse con los patios de la estación consiguieron anular las infracciones de sus angelitos.
Un mínimo de sentido común, señores funcionarios, jamás contentarán a la mafia dándoles todo lo que piden sin que ellos aporten algo a cambio. Las carcachas siguen circulando en todas las rutas periféricas –hace mucho dejaron de ser alimentadoras- los choferes no respetan paradas ni horarios y encima los premian.
Así cómo, sólo falta entregarles el negocio de la ruta y al paso que van falta muy poco.
María del Refugio Ruiz, diputada local por Jalisco, hace días declaró que si les recortan el salario tendría que dedicarse a robar, y Xochitl Gálvez dijo ayer que recibiendo un salario de cien mil pesos tendría que corromperse.
El 95 por ciento de los mexicanos, o más, reciben un salario menor a los cien mil pesos y no planean corromperse, están satisfechos, pero a los señores servidores públicos les parece una bicoca. Los que son pillos y sinvergüenzas roban, defraudan o se corrompen ganando el mínimo o bien un millón de pesos mensuales.
Ahora, si les parece poco, que dejen el cargo y emprendan negocios lucrativos o busquen un mejor empleo ¿No hay otro camino más que robar o corromperse? Están peor que el presidente municipal de San Blas, el que robaba pero poquito y a cambio pedía aplausos.
