El edil chihuahuita, Marco Bonilla, está brincando en un pie de pura felicidad. Recibió la noticia de que el INEGI, en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSPU), publicada el 19 de abril, a la ciudad de Chihuahua le fue muy bien, al reducir del 61 al 51 por ciento la opinión de los ciudadanos que dijeron sentirse inseguros. Si lo ponemos en términos de la población en general, hablamos de que el diez por ciento de los chihuahuenses percibió una mejora sustantiva en los niveles de seguridad, pongamos que se trata de cien mil habitantes, por cerrar cifras a un millón.
En un país donde la violencia crece, con un promedio de cien asesinatos diarios y el presidente de la República tiene como estrategia los abrazos en vez de balazos contra los delincuentes, que Chihuahua reciba noticias así es alentador. Desde luego no es que estemos como en las comunidades nórdicas o canadienses, que cuando sucede un asesinato es noticia de alarma general, pero si la gente se percibe más segura es por que observa resultados en el combate a la delincuencia. Algo hacen bien en la alcaldía.
Siendo la capital de un estado fronterizo no es sencillo colocarse entre las 15 ciudades con mayor percepción de seguridad en el país, por arriba –por ejemplo- de Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí y la mayoría de las alcaldías en Ciudad de México. El mismo INEGI informa que ese nivel de mejoría es el segundo desde que hacen este tipo de mediciones.
Felicidades al alcalde Bonilla y que siga mejorando. Los chihuahuenses, como cualquier ciudadano bien intencionado del mundo, quieren vivir en una comunidad segura donde sus hijos puedan salir al parque sin peligros de violencia o, peor, secuestro o asesinato. De eso se trata gobernar, generar condiciones para el bienestar de la sociedad, para el desarrollo económico y la armonía social. No aflojen, la batalla contra la violencia es de todos los días.
Rompeolas
Está circulando un video sobre supuesto nepotismo de la sindica juarita, Esther Mejía Cruz. El documento audiovisual describe con detalle que su sobrino, Roberto Briones, es director de protección civil con un sueldo de más 59 mil pesos mensuales más bonificaciones, su hijo Roberto Briones tiene una plaza como bombero y recibe un salario de 15 mil pesos mensuales, el esposo de la síndica, Javier Cordel Cardona tiene una plaza en Desarrollo Social con sueldo de 16 mil 800 pesos mensuales. Su hermano, Javier Mejía Cruz, está en la nómina de la sindicatura con un sueldo de 16 mil 450 pesos mensuales. También en la sindicatura trabaja su sobrino Efraín Mejía Baca, con un sueldo de 19 mil 260 pesos mensuales y su sobrina, María Elena Mejía con un sueldo de 18 mil 600 pesos mensuales. El documento cita más nombres con cargos y cantidades. De ser cierto, los juarenses están frente a un abuso mayúsculo ¿Tiene noticias Cruz al respecto? Es pregunta, aclarando que no lo digo yo, sólo recupero –como dije arriba- un video que hicieron circular.
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El exrector Fierro sigue respirando por la herida. Habla a través de quien fuera uno de sus subordinados en rectoría, quien por cierto recibió una liquidación ilegal de 160 mil pesos, pretendiendo descalificar aspirantes. El subordinado recibió espacio en un medio local sólo para oficiar de tirador contra algunos de los aspirantes a la rectoría que incomodan a Corral y a Luz Estela y en consecuencia a Fierro. No tiene cara para hablar de la Universidad, la dejaron temblando administrativa y académicamente con la absurda reforma que pretendieron implementar. En Palacio deberían poner más atención, el lunes próximo empiezan las clases y con ellas regresan las enviadas de la baronesa catalana con la consigna de generar inestabilidad. Ahora más que nunca van apoyadas por Luis Fierro y su pandilla, todos refugiados en Filosofía con tiempos completos. Por cierto, Fierro se pavonea presumiendo ante secretarias que “me da risa que digan que fui tan mal rector y hayan dejado a todo mi equipo administrativo”. Piden a gritos saludos ministeriales.
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En el submundo de policías y bandidos comentan, con sarcasmo, que los detenidos por los asesinatos del comandante de policía y el funcionario de migración en Janos eran ordinarios pandilleros que no tenían responsabilidad en esa masacre. Y en el mundo de la Litis y la chicana están convencidos que las carpetas debieron estar hechas al revés, sin pies ni cabeza, para que al Juez de control, con fama de profesional, no le quedase más que soltarlos. Dos versiones complementarias que apuntan hacia la misma dirección; un error mayúsculo de quien hizo el “trabajo de investigación”. Obviamente alguien cometió la garrafal pifia con tal de presentar trabajo, pero en la estupidez hicieron quedar mal a la gobernadora. Esos “errores” deben ser sancionados con severidad internamente, buscar culpables donde no los hay siempre termina mal.
